Disturbios en Inglaterra: La distorsión de los estándares en momentos de emergencia

Las imágenes de los destrozos que tuvieron lugar en las ciudades más importantes del Reino Unido aún están grabadas en nuestras retinas. Pero más allá de que la frase indique que valen más que mil palabras, los números, si no se distorsionan, no mienten.-

 

Según estimaciones del Youth Justice Board[1], la mitad de los jóvenes menores de 18 años acusados por delitos relacionados con los disturbios de agosto pasado no habían tenido contacto previo con el sistema penal. Asimismo, sólo entre un 10% a 15 % habían tenido algún tipo de vinculación previa con bandas, o pandillas. Esto contradice las afirmaciones tanto del Primer Ministro Cameron, así como de su Ministro de Justicia, que endilgaban los hechos a “criminales juveniles de carrera”.-

 

Ciertas informaciones salieron a la luz cuando ya la calma había vuelto a Londres y Manchester -una de las ciudades más golpeadas por los disturbios-. Una de las más graves se refiere a las “directivas” que habrían recibido los jueces de las Magistrate Courts[2] de emitir fallos ordenando la custodia en instituciones de aquellos que resultaran sentenciados. Asimismo, también los jueces recibieron instrucciones para que tales casos fueran remitidos a las Crown Courts, que tratan crímenes con penas en expectativa más serias[3]. El Crown Prosecution Service[4] habría hecho algo similar al ordenar a sus subordinados que publicitaran los nombres de personas sentenciadas. Es decir, tanto el Servicio de Cortes y Tribunales de Su Majestad como el de los Fiscales de la Corona emitieron directivas a sus miembros para que dejen de lado los estándares usuales.-

 

Como resultado de estos “principios rectores” emitidos al calor de los acontecimientos, se pudo comprobar un incremento en la población carcelaria juvenil de 8%, tomando los últimos números disponibles de junio pasado. Este incremento, según reportes del Youth Justice Board[5], obligó a tomar medidas para evitar el hacinamiento, como enviar a los jóvenes a unidades más alejadas o que tengan que compartir celda dando lugar a incidentes entre ellos.-

 

Desde diferentes foros se ha criticado tanto el accionar de la policía como la justicia, entre ellos la Howard League for Penal Reform[6], la Children's Rights Alliance for England[7] (CRAE), y UNICEF Reino Unido. La oficina local de UNICEF indicó que la alta cifra de jóvenes sin previa relación con el sistema penal que habían sido detenidos por cargos relacionados con los disturbios era “preocupante” y representaba una posible violación a la Convención de los Derechos del Niño. Tanto la Howard League como CRAE, han señalado que la falta de medidas especiales para jóvenes institucionalizados por primera vez, como resultado de sus imputaciones, también constituían una violación a la Convención.-

 

Los últimos números que el propio Ministerio de Justicia[8] reveló indican también la lentitud con la que avanzan los procesos. Más del 40% de los 269 jóvenes cuyas audiencias en Corte no habían tenido lugar, aún permanecían en instituciones. Una pobre performance si se lo compara con el 10% del año anterior para igual fecha.-

 

Los números no mienten. Bajo circunstancias extraordinarias se le pidió a la justicia penal que brinde una respuesta y cumplió con creces.-