Todas las novedades jurídicas sobre las reformas del gobierno de Javier Milei en relación con la "Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos". Este espacio se enfoca en los últimos avances legislativos, decretos, fallos y doctrinas relacionadas al nuevo paquete fiscal.
La "Ley Bases" es una importante reforma legislativa en Argentina, promulgada en 2024 bajo la administración del presidente Javier Milei. Esta ley aborda áreas clave como la economía, la administración pública, la cultura y la energía, con el objetivo de modernizar y reestructurar el Estado argentino.
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Preguntas y Respuestas sobre La Ley Bases de Javier Milei
La Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos es una legislación impulsada por el gobierno de Javier Milei que tiene como objetivo establecer los principios fundamentales para garantizar la libertad y los derechos de los ciudadanos. Esta ley aborda aspectos claves como las jubilaciones y la reforma laboral, proponiendo un marco normativo actualizado que busca adaptarse a las necesidades actuales del país.
A lo largo del tiempo, la Ley de Bases ha tenido varias versiones y reformas impulsadas por diferentes entidades y figuras políticas. Originalmente establecida como un documento fundacional, ha sido adaptada y modificada en repetidas ocasiones por el Senado y la Cámara de Diputados para reflejar las necesidades cambiantes del país. Más recientemente, figuras como Javier Milei han propuesto nuevas reformas, buscando modernizar y simplificar la ley. Estas propuestas aún están en debate dentro de las cámaras legislativas, continuando el proceso de evolución legal que caracteriza a la Ley de Bases.
La Ley de Bases y Puntos de Partida para la libertad de los Argentinos, comúnmente conocida como Ley de Bases, es una ley omnicomprensiva que fue presentada por el presidente de Argentina, Javier Milei, y enviada al Congreso Nacional.
Originalmente, la Ley de Bases fue concebida con la intención de privatizar ciertas empresas públicas, reformar el mercado laboral, y establecer nuevas normativas fiscales. La génesis de esta ley se encuentra en la visión del gobierno de Milei de transformar la economía argentina mediante la reducción del tamaño del estado y el fomento de la inversión privada.
La Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos alcanzará y afectará principalmente a los trabajadores y jubilados del país. Las reformas en las jubilaciones y la reforma laboral están diseñadas para impactar directamente en estos sectores, buscando brindarles mayores beneficios y seguridad en el marco de las nuevas políticas del gobierno de Javier Milei. Además, otros actores sociales y económicos también se verán influenciados por los cambios legislativos propuestos.
¿Qué es la Ley Bases?
El 27 de junio de 2024, el Congreso de la Nación Argentina sancionó la "Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos", comúnmente denominada "Ley Bases". Luego de su promulgación, mediante el Decreto 592/2024, el 8 de julio se publicó en el Boletín Oficial.
Esta ley 27.742, impulsada por el gobierno del presidente Javier Milei, constituye una de las reformas legislativas más significativas y controvertidas de los últimos años, y abarca una amplia gama de áreas fundamentales para la reestructuración y modernización del Estado argentino.
Antecedentes y Evolución Legislativa de la Ley de Bases
El proyecto original de la "Ley Bases" fue presentado por el Poder Ejecutivo a finales de 2023, bajo la denominación formal de "Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos". Esta primera versión constaba de 664 artículos, que incluían anexos y disposiciones sobre temas de gran trascendencia, tales como la emergencia económica, la reorganización administrativa, la seguridad y defensa, la justicia, el interior, el ambiente, el turismo y el deporte, el capital humano, la salud pública, y la infraestructura y servicios.
El proyecto inicial también buscaba ratificar el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) dictado por el presidente Milei el 20 de diciembre de 2023, el cual había sido objeto de debate y rechazo en el Senado en marzo de 2024.
Esta primera versión de la ley bases fue sometida a discusión en la Cámara de Diputados entre enero y febrero de 2024. Aunque fue aprobada en general el 2 de febrero, no logró los consensos necesarios en la votación en particular, lo que obligó al oficialismo a remitir nuevamente el proyecto a las comisiones para su revisión.
Transformación Legislativa: La Evolución del Proyecto de Ley Bases en 2024
En respuesta a las críticas y al estancamiento legislativo, el Poder Ejecutivo presentó una versión revisada del proyecto de ley bases en marzo de 2024. Este nuevo texto, que había circulado en forma de borrador durante las semanas previas al nuevo debate en comisiones, fue notablemente reducido, pasando de los 664 artículos originales a 279 en la versión preliminar.
Tras el trabajo en comisiones y las negociaciones políticas, el proyecto ley bases fue finalmente aprobado por la Cámara de Diputados con 232 artículos en general y 238 en particular, antes de ser remitido al Senado para su tratamiento.
Modificaciones en el Senado y Aprobación Final de Ley Bases
El tratamiento de la "Ley Bases" en el Senado fue igualmente complejo y estuvo marcado por intensas negociaciones entre las diferentes fuerzas políticas. El miembro informante del oficialismo en el Senado, Bartolomé Abdala, presentó una serie de modificaciones claves con el objetivo de lograr un consenso más amplio y evitar el fracaso de la ley en la Cámara Alta.
Entre las modificaciones más relevantes se destacan:
- Exclusión de Empresas del Proceso de Privatización: Se eliminó a Aerolíneas Argentinas, el Correo Argentino, y Radio y Televisión Argentina del listado de empresas sujetas a privatización o concesión, originalmente contempladas en el artículo 7 del proyecto. Esta decisión fue un gesto hacia sectores que se oponían a la privatización de empresas estratégicas para el Estado.
- Supresión del Capítulo Previsional: Se decidió eliminar por completo el capítulo previsional, manteniéndose así la moratoria previsional para aquellas personas que no cuentan con los años de aportes necesarios para acceder a una jubilación ordinaria, tal como se especificaba en los artículos 227 y 228 del proyecto original.
- Protección de Organismos Culturales y Energéticos: Se incorporó una disposición en el artículo 3 que prohíbe al Poder Ejecutivo la disolución de organismos vinculados a la cultura. Asimismo, se incluyó a la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) como un organismo excluido de las facultades de intervención, en el artículo 6.
- Protección de Obras Públicas Avanzadas: El artículo 64 garantiza la continuidad de los contratos de obras públicas que hayan alcanzado un 80% de ejecución o que cuenten con financiamiento internacional. Esta disposición fue añadida para proteger proyectos estratégicos y asegurar su finalización, replicando una propuesta del dictamen de minoría que aplicaba esta protección a obras con un 75% de avance.
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Reformas al Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI): Se restringió el alcance de este régimen a sectores específicos. El artículo 167 establece que el RIGI será aplicable a proyectos de los sectores de forestoindustria, turismo, infraestructura, minería, tecnología, siderurgia, energía, petróleo y gas.
Además, se incorporó un plan de desarrollo de proveedores locales en el artículo 176, que establece el compromiso de contratación de proveedores locales respecto de bienes y/u obras para el desarrollo del Proyecto equivalente como mínimo al veinte por ciento (20%) de la totalidad del monto de inversión destinado al pago de proveedores correspondiente al Proyecto, siempre y cuando la oferta de proveedores locales se encuentre disponible y en condiciones de mercado en cuanto a precio y calidad. Este porcentaje debe mantenerse durante las etapas de construcción y operación. - Otras Modificaciones: Se realizaron ajustes en el artículo 175 para flexibilizar el procedimiento de aprobación de Vehículos de Proyecto Único (VPU), evitando que se rechacen proyectos o se incumplan plazos por estrictos requisitos formales. Asimismo, se modificaron los plazos de cobro de exportaciones de productos de proyectos adheridos al RIGI y se permitió la transferencia de acciones de los VPUs como objetos jurídicos.
Estas modificaciones fueron decisivas para asegurar la aprobación de la ley en el Senado, y posteriormente, en la Cámara de Diputados, que en una sesión maratónica de 14 horas, dio su aval definitivo con 147 votos a favor, 107 en contra, y 2 abstenciones.