DEBATE PARLAMENTARIO MODIFICACIÓN ARTÍCULO 4º DE LA LEY Nº 24.240

DEBATE PARLAMENTARIO MODIFICACIÓN ARTÍCULO 4º DE LA LEY Nº 24.240

Ley de Defensa del Consumidor (O.D. Nº 28/16.) (Continuación.)

Sr. Presidente (Pinedo).– Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Derechos y Garantías en el proyecto de ley en revisión por el que se modifica la Ley de Defensa del Consumidor respecto de la información que el proveedor está obligado a suministrar al consumidor. Está en consideración del Cuerpo. Tiene la palabra el miembro informante Luis Petcoff Naidenoff.

Sr. Petcoff Naidenoff.- Señor presidente: voy a tratar de exponer brevemente las razones del acompañamiento a la modificación del artículo 4º de la ley 24.240, de Defensa del Consumidor. Primeramente, quiero decir que este es un proyecto que fue acompañado por unanimidad en la Cámara de Diputados.
El artículo 4º de la ley se refiere a la información, a la obligación que tiene el proveedor de bienes y servicios de informar a los usuarios y consumidores respecto de los bienes que ,adquieren.
Y, en definitiva, en este artículo, lo que se introduce es un agregado por medio del cual se establece que la información que se brinda al consumidor debe ser proporcionada en soporte físico y solo podría ser suplantada si el consumidor o usuario optase en forma expresa por utilizar cualquier otro medio alternativo de comunicación.
¿Qué significa esto en el día a día? Es muy importante porque se establece como regla general la obligatoriedad de que se suministre la información en papel, en soporte físico, y que la opción la tiene el propio usuario o consumidor.
Esto se debe, fundamentalmente, a que con el avance de la tecnología y de otras cuestiones que tienen que ver con los mecanismos de información, en los últimos tiempos determinadas empresas y, fundamentalmente, las entidades bancarias, notifican a los usuarios y consumidores por medios electrónicos.
Entonces, ¿qué pasaba? Se daban dos inconvenientes: uno, que tiene relación directa desde una perspectiva de la costumbre de los usuarios y de los consumidores, la costumbre de la notificación en papel y contar con un soporte físico no es una cuestión menor porque, muchas veces, cuando se tienen que efectivizar reclamos ante empresas prestatarias de servicios, ante entes reguladores o ante cualquier comercio generalmente se pide la factura. Por lo tanto, hay una costumbre vinculada con un propio respaldo y con una tradición, donde el soporte físico, para muchos usuarios y consumidores, es esencial. Sí, hablo del papel. Pero, por otro lado, también está el medio electrónico con el cual, si bien es un avance, y nadie puede detener el avance, hay cuestiones que no podemos obviar.
Según el censo 2010, el 53 % de los hogares del país no tiene computadoras, y también hay muchos puntos de la Argentina en donde no hay conectividad.
En consecuencia, si todo se limita a la internet, creo que estamos dejando de lado a un gran porcentaje de la ciudadanía que tiene derecho a optar.
Entonces, lo primero que nosotros ponemos en valor es el rol y la defensa de los consumidores para que puedan ejercer la opción. La regla general es el soporte físico, la opción es otro medio con el aval del propio proveedor.
Y el segundo punto –que lo tratamos y que me parece también importante que nosotros destaquemos– tiene que ver con una realidad económica o el riesgo cierto y concreto de la pérdida de puestos de trabajo. Nosotros escuchamos en el ámbito de la Comisión a los representantes de la Unión Industrial Argentina, de la Federación Argentina de Industrias Gráficas y de los camioneros que nos expresaban su preocupación por este mecanismo compulsivo, que no da opción a un proceso de readaptación de las propias empresas a los nuevos cambios.
Y esto ha significado que en 2015, por ejemplo, se perdieran en la industria gráfica 2.051 puestos de trabajo. Entonces, también esto está en valor.
Por una parte, la mirada de los consumidores para que puedan efectivizar el derecho a opción, pero con la gradualidad en la toma de decisiones con el propósito de que no se afecte el trabajo de muchos argentinos.
Los escuchamos –en esto me parece que ha existido mucho sentido de responsabilidad política con el dictamen de la mayoría– y hoy ponemos a consideración este proyecto que, repito, fue votado por unanimidad en la Cámara de Diputados y que tiene dos miradas: la defensa de los consumidores y, fundamentalmente, la preservación de los puestos de trabajo.

Sr. Presidente (Pinedo).- Tiene la palabra el señor senador Urtubey.

Sr. Urtubey.- Señor presidente: comparto todo lo expresado por el senador Naidenoff y quiero hacer algunas precisiones. Evidentemente, hoy encontramos una solución práctica de defensa del trabajo y de una industria importante a través de una ley del consumidor.
El derecho del consumidor nace, precisamente, por esta habitual disparidad que hay en las relaciones de consumo, siempre, o casi siempre, entre los proveedores de servicios y los usuarios que consumen esos servicios.
Y, justamente, el derecho del consumidor nace como tal, como una especialidad dentro del orden jurídico para equilibrar esa disparidad en las relaciones de consumo.
Esa disparidad se hace casi exasperante. Hay muchos proveedores de servicios que tienen una situación de poder específico, como son las instituciones financieras, donde no solamente los bancos, sino también las emisoras de tarjetas de crédito y las empresas de servicios públicos, ante el avance de la informática y de la digitalización, están acortando, achicando gastos con esta promoción de la “modernidad”, así, entre comillas.
Obviamente somos conscientes, señor presidente, de que desde la mecanización, la automatización, la robotización y, más modernamente, la informatización y la digitalización se plantean desafíos realmente importantes para el sector del trabajo y para la industria de la manufactura.
Ahora bien, tenemos que ser conscientes de que la forma de solucionarlos no es optar por el camino del más poderoso, sino justamente buscar una norma de sentido común, como la que está en consideración.
Y, fíjese, señor presidente, que esta norma se aprobó el 26 de noviembre de 2015 en la Cámara de Diputados.
Me parece que esa media sanción fue premonitoria, porque el 15 de enero de 2016 nació a la existencia la comunicación A-5.886 del Banco Central, titulada “Información a clientes por medios electrónicos para el cuidado del medio ambiente”. Fíjese, otra arista de presentación del tema, en la cual se permitía a las entidades financieras, a las no financieras emisoras de tarjetas de crédito y a los fideicomisos modificar la forma de comunicación, la modalidad de comunicación al cliente, notificarlo debidamente y poner en cabeza del cliente la posibilidad de pedir lo contrario, es decir, que se mantenga el statu quo en cuanto a la comunicación por soporte físico. Obviamente, esta es justamente la expresión de lo que no debe hacerse en el derecho de consumo, la carga de la responsabilidad no debe caer en el usuario, sino la debe tener el proveedor del servicio, sobre todo, si se trata de un servicio cuya existencia depende del usuario, como lo es el negocio financiero.
Esto provocó –ustedes recordarán–, los primeros días de enero y de febrero, manifestaciones y conflictos, no solamente de trabajadores de la industria gráfica, sino también de trabajadores de los correos privados y del Sindicato de Camioneros, básicamente, debido a que su aplicación unilateral ya estaba generando pérdida de puestos de trabajo. Por eso –y coincido con el senador Petcoff Naidenoff– hemos encontrado una vuelta, a través de una norma sobre el derecho del consumidor, que va a preservar una cantidad de industria del trabajo, y de una industria como la gráfica que, en la Argentina, se compone de un 99 % de pymes y, de esas, hay un 99 por ciento nacional. Por eso vamos a pedir la sanción de esta norma. Muchas gracias.

Sr. Presidente (Pinedo).- Tiene la palabra el señor senador Romero.

Sr. Romero.- Señor presidente: estoy de acuerdo con que esta sea la solución, de momento y por un futuro corto, para la protección del trabajador y la defensa permanente del consumidor. Pero tampoco podemos ir con las leyes en contra de una tendencia mundial, como es el uso de la informática para tener los resultados inmediatamente.
Si yo usara el sistema financiero argentino, me gustaría enterarme, día a día, qué está pasando y no esperar a que me llegue un resumen a fin de mes. O sea que, a la larga, la inmediatez va a ganar a la transmisión lenta del mensaje escrito.
De todos modos, esto no va a ser de un día para el otro.
Si queremos que los argentinos, como dijo el presidente del Banco Central, hoy día estemos bancarizados, también tenemos que achicar el costo financiero y el costo del impuesto al cheque, el costo de las cargas por usar cajero automático, el costo de las tarjetas de crédito, las picardías del sistema financiero.
Este es muy rápido para cargar al consumidor, pero nunca para disminuir sus ganancias. En este caso me gustaría que sea una ventaja del consumidor, por eso apoyo esta ley, y no que se trate solamente de ahorrar el costo para el sistema financiero.
Sé, y todos sabemos, que en la historia ha pasado esto muchas veces.
Cuando se inventó el colectivo me imagino lo que habrán sufrido los choferes de tranvía, o lo que habrán sufrido, antes, los que hacían transporte en carruajes y postas, en la Argentina, cuando apareció el ferrocarril.
Esto ya pasó muchas veces, pero en un país que confía, o que cree, tiene que haber trabajo para mucho más transporte de cosas y de bienes productivos, sin dejar de tener en cuenta que parte de la tendencia mundial hacia el no uso del soporte papel, que es también un beneficio ambiental al no consumirse papel, ya que no se consume madera ni bosques, ni aporta al efecto invernadero. O sea, hay que balancear.
Hoy, creo que esto es válido porque es optativo, en defensa del consumidor.
Pero no creamos que es una solución definitiva, porque la tendencia mundial es la del acceso inmediato a la información y contribuir al medio ambiente.

Sr. Presidente (Pinedo).- Tiene la palabra la señora senadora Negre de Alonso.

Sra. Negre de Alonso.- Gracias, presidente.
La verdad es que este es un tema que no tenemos que olvidarnos que tiene su raíz constitucional.
La Constitución, cuando habla de la protección de los derechos de los consumidores, en el artículo 42 habla de que es obligación proveer a los consumidores de bienes y servicios de información adecuada y veraz y, además, condiciones de trato equitativo y digno.
Asimismo, se establece que las autoridades proveerán a la protección de esos derechos. La ley que reglamenta el artículo de la Constitución habla de que la información debe ser proporcionada al consumidor con la claridad necesaria que permita su comprensión.
Entonces, yo comparto que no podemos obviar el avance tecnológico y las comunicaciones electrónicas, pero la verdad es que estamos viviendo un momento de transitoriedad.
O sea, nosotros vivimos en un país donde existen inmigrantes digitales y existen nativos digitales.
Por lo tanto, más allá de la conectividad o de la cuestión económica de tener una computadora o no, hay todo un segmento poblacional, a los que el papa Francisco llama los más vulnerables, que son los adultos mayores, que no acceden a la electrónica, no por una cuestión electrónica o por una razón económica o de falta de conectividad, sino porque son inmigrantes digitales y porque su edad ya no les permite llegar, no tienen deseos o no quieren incorporarse al mundo de la electrónica.
Y la Constitución nos obliga a tener un trato equitativo y razonable.
Equitativo, con justicia. Entonces no podemos de golpe eliminar la notificación por papel y pasar a una notificación electrónica y tratar a los mayores como basura. Entonces, les llega el resumen de la tarjeta o del banco y no pueden seguirlos.
Muchos sí, y otros no lo pueden hacer.
Así que, señor presidente, yo voy a apoyar por supuesto este proyecto, además de toda la cuestión de protección de las fuentes de trabajo que acá ha informado el miembro informante y también lo hizo otro senador que ha hecho uso de la palabra.
Pero, a la vez, quiero llamar la atención sobre algo que siempre hemos hecho. No puede el Banco Central, por circular, modificar las leyes.
Eso es una irregularidad y es una inconstitucionalidad.
No es la primera vez que se hace, se lo viene haciendo inveteradamente y lo venimos denunciando desde esta banca hace muchos años.
No puede sacar una comunicación el Banco Central que decide que las tarjetas de crédito y los resúmenes de cuenta se mandan por vía electrónica.
Los descartables se descartan: no acceden, pagan y, si no, se les cortará el servicio.
Acá ha estado el presidente del Banco Central y lo llamo a la reflexión.
No tienen facultades lo directores del Banco Central para modificar la ley y se tienen que acostumbrar a que las leyes las modifique el Congreso.

Sr. Presidente (Pinedo).- Tiene la palabra el señor senador Pereyra.

Sr. Pereyra.- Gracias, presidente.
No estamos considerando un tema menor ni se trata de un episodio aislado el tema que hoy nos ocupa.
El mundo del trabajo se encuentra a diario con conflictos motivados por la innovación tecnológica que se aplica buscando exclusivamente maximizar el beneficio por medio de la reducción de los costos laborales, sin la adecuada responsabilidad social.
Estos casos, como el que estamos tratando, de digitalización de procesos, hasta la aplicación de la robótica, es una obsesiva búsqueda de reducción de las plantas de personal y parecen buscar una era del trabajo sin trabajadores.
Esta voracidad no se trata de la tecnología en sí misma, sino de la conciencia con que una reducida minoría la piensa manipular y solo espera de la relación del precio de los nuevos dispositivos una utilidad que sea suficientemente ventajosa para empezar a aplicarlos masivamente.
Una proyección en el Foro Económico Mundial anticipa que en el año 2020 la tecnología va a reemplazar aproximadamente a cinco millones de puestos de trabajo. También hay un informe de dividendos digitales elaborado por el Banco Mundial donde dice que el 60 % de los empleos susceptibles de automatización serán reemplazados o atomizados por la tecnología, especialmente los trabajos rutinarios que se pueden resumir en instrucciones, por lo que una persona podría ser sustituida fácilmente.
Si en la Revolución Industrial, señor presidente, el poder muscular dio paso a las máquinas a vapor y a los motores eléctricos, hoy está ocurriendo algo similar con nuestro cerebro.
Las tareas que antes solía llevar a cabo nuestra mente las empiezan a hacer las máquinas, cada vez con mayor rapidez.
Los hombres de ciencia se han referido a la inteligencia artificial como el más grande logro y, posiblemente, también, el último gran error de la humanidad, aludiendo a la negligente imprevisión con la que se avanza sin investigar seriamente sus consecuencias.
Se afirma que esta segunda era de las máquinas creará grandes beneficios económicos y ayudará a la humanidad a erradicar la pobreza, pero, a la vez, se advierte que disparará el desempleo y que acentuará las desigualdades si no se toman decisiones políticas que prevean el impacto de la tecnología sobre el mercado laboral.
En los últimos años se ha dado por cierto que los empleos suprimidos por las nuevas tecnologías se han compensado a través de la creación de otros nuevos, como resultado de aplicar esas mismas innovaciones, porque hasta ahora no se había provocado el desplome masivo del empleo.
Sin embargo, se están acentuando los temores de que la tecnología acabe destruyendo trabajos en dosis masivas debido a la llegada al mercado de nuevos sistemas mucho más potentes y con una capacidad inédita.
Unos expertos de la Organización Internacional del Trabajo dicen que, a diferencia de otros cambios tecnológicos en el pasado, los actuales procesos de digitalización y automatización derivan en la fragmentación de los procesos productivos, lo que tiene un impacto potencialmente masivo sobre el mundo del trabajo, como la atomización y la externalización.
El gobierno, o los distintos gobiernos, nos han dado a entender que no importa el tamaño del Estado, sino que funcione, que brinde respuestas y que vaya mejorando según las posibilidades de la tecnología, tanto a nivel nacional como en las provincias y los municipios.
Por nuestra parte no creemos que con solo proclamar la modernidad se llegue a ella, pues es un proceso, una interactuación con el Estado y la comunidad, un diálogo, donde las aplicaciones tecnológicas deben ser compartidas y aprendidas por los usuarios potenciales.
Creemos que la mejor manera de mejorar el Estado es gobernándolo, con la ayuda de un pueblo organizado que asegure con su participación que se gobierna para todos. Creemos, además, en la necesidad de mayor inversión en políticas públicas que les den competitividad a nuestras economías, evitando la desregulación del mercado laboral, que no aporta para la creación de empleo y que tiende a ampliar la desigualdad.
El trabajo es el organizador de la vida y de la comunidad, por lo tanto, no puede responder solo a patrones de rentabilidad.
Pero, así como desde las centrales obreras hemos luchado por el cese inmediato de todos los despidos, también se ha planteado ahora la necesidad de pensar en cómo queremos que sea nuestro futuro, antes de aplicar ciegamente las innovaciones tecnológicas que expulsan trabajadores, sin pensar en egoísmos ni discriminaciones de ningún sector, pues no hay nadie que pueda realizarse si no se realiza la comunidad nacional a la que todos pertenecemos.
Dijo el papa Francisco en su encíclica Laudato Si: “El paradigma tecnocrático se ha vuelto tan dominante que es muy difícil prescindir de sus recursos, y más difícil todavía utilizarlo sin ser dominado por su lógica. Se volvió contractual elegir un estilo de vida con objetivos que puedan ser al menos, en parte, independientes de la técnica, de sus costos y de su poder globalizador y masificador. De hecho, la técnica tiene una inclinación a buscar que nada quede afuera de su férrea lógica, y el hombre que posee la técnica sabe que, en el fondo, esta no se dirige ni a la utilidad ni al bienestar, sino al dominio; el dominio en el sentido más extremo de la palabra. Por eso, intenta controlar tanto los elementos de la naturaleza como los de la existencia humana”.

Sr. Presidente (Pinedo).- Para cerrar, tiene la palabra el señor senador Cobos.

Sr. Cobos.- Señor presidente: nosotros, desde el bloque...

Sra. Odarda.- Había pedido la palabra anteriormente, señor presidente.

Sr. Pais.- Señor presidente, yo también había pedido la palabra.

Sr. Presidente (Pinedo).- Senador Cobos, ¿permite que hagan uso de la palabra los senadores Odarda y Pais?

Sr. Cobos.- Sí, por supuesto.

Sr. Presidente (Pinedo).- Entonces, harán uso de la palabra la senadora Odarda y luego el senador Pais.

Sra. Odarda.- Gracias, señor presidente y senador Cobos.
Al senador Cobos le correspondía cerrar, por eso me parecía importante que yo hiciera uso de la palabra primero.
Por supuesto voy a apoyar este proyecto de ley, porque he trabajado mucho y siempre he defendido todos los avances que se han dado en materia de derechos de los usuarios y consumidores.
Creo que este proyecto establece dos aristas importantes.
Una de ellas tiene que ver con facilitar el acceso a la información por parte de los usuarios y consumidores y, la otra, con la defensa de innumerables puestos de trabajo, lo cual me parece una manera de humanizar un poco las políticas públicas, porque no toda la gente, como ustedes bien decían recién, tiene acceso a internet o a los distintos medios tecnológicos, y la información de los usuarios y consumidores, que somos todos, debe llegar a todos.
Soy una defensora del artículo 42 de la Constitución, que se incorporó después de mucho debate, con la reforma de 1994. Previamente a eso se sancionaron la Ley Nacional de Defensa del Consumidor y la Ley de Derecho a la Información, que también está garantizado en las distintas provincias.
Quiero hablar de la Ley de Defensa del Consumidor y del derecho específico a la información. Creo que nada más oportuno que hablar de ese tema hoy, porque no solamente estamos hablando del consumidor que compra, sino también del usuario del servicio público.
Y hablando de los usuarios de los servicios públicos, volvemos al tema anterior: los usuarios de los servicios de gas y de luz. Esos usuarios tienen garantizados muchos derechos como consumidores y usuarios.
Por ejemplo, el espíritu del artículo 42 de la Ley de Defensa del Consumidor es garantizar la participación ciudadana en base a la información, o sea, el consumidor y el usuario tienen derecho a la información confiable.
Ahora, me pregunto: con aumentos como los que estamos viviendo, sin audiencias públicas ni mecanismo de información o que garantice la información ciudadana, ¿no se está vulnerando la ley que de alguna forma hoy se jerarquiza al facilitar el derecho a la información? Es una pregunta.
De hecho, yo soy de las que defiendo los derechos del consumidor, pero quiero que se respeten absolutamente.
Es por ello que reclamo las audiencias públicas frente a los aumentos de luz y de gas.
Eso es lo que está dictaminando la Justicia a través de distintos fallos judiciales dados en estos momentos.

Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente 1º del Honorable Senado, senador D. Juan Carlos Marino.

Sra. Odarda.- Como dije desde el principio, la esencia de la modificación es absolutamente razonable. De hecho, creo que otorga mayores derechos a usuarios y consumidores.

Sr. Presidente (Marino).- Tiene la palabra el señor senador Pais.

Sr. Pais.- Señor presidente: en el mismo sentido que los senadores preopinantes, quiero hacer alguna reflexión sobre el proyecto de ley, ya que el senador Cobos, el propio presidente provisional y quien habla lo trabajamos en comisión y lo votamos oportunamente en la Cámara de Diputados.
El proyecto de ley modifica un aspecto esencial que hace al derecho del consumidor y a su protección natural; me refiero, fundamentalmente, a la información a la que se debe acceder para la adquisición de bienes y servicios.
Esto tiene que ver con los contratos de adhesión que muchas veces se manejan digitalmente, con los términos de la garantía y con la composición del producto, y no tanto con la cuestión de las tarjetas de crédito, ley que merecerá una modificación especial porque posee una regulación autónoma, al igual que los servicios financieros.
Pero, en este aspecto, el consumidor estaba siendo cada vez más desprotegido. En su momento lo que se trabajó en la cámara de origen fue justamente buscar una garantía de acceso efectivo.
Por eso se habló de soporte físico y no de soporte papel.
Lo que sucede es que el soporte más económico en la actualidad es el papel, entonces, es el soporte predominante. Pero puede ser un soporte físico que proporcione un elemento digital como un CD o un pendrive.
Evidentemente, son soportes que no van a violentar el progreso sino garantizar protectoramente el derecho del usuario y del consumidor al conocimiento pleno y efectivo de todas las características y condiciones que hacen al producto. Ese es el sentido que actualmente rige al proyecto.
Creemos que tiene muchas finalidades y va a tener muchas consecuencias.
Va a beneficiar fuentes de trabajo y, fundamentalmente, a quien tiene una manda de protección constitucional, que es el consumidor.
El consumidor debe conocer efectivamente, tener plena prueba –que resulte con aptitud y eficacia– y conocimiento del bien o servicio que está por adquirir.
Esta es la finalidad por la cual entiendo que con prioridad el Senado dio dictamen unánime al proyecto sancionado por la Cámara de Diputados.
Como dije, se trata de una modificación que tiene múltiples propósitos y muchos beneficios.
Beneficia al usuario, al consumidor y, también, a quienes tienen industrias y actividades vinculadas con la generación de ese soporte físico que va a ser esencial para que, en plenitud, tenga la garantía del acceso en tiempo pleno, cierto y efectivo al conocimiento de los bienes y servicios que va a adquirir.

Sr. Presidente (Marino).- Tiene la palabra el señor senador Martínez. –

Ocupa la Presidencia el señor presidente provisional del Honorable Senado, senador D. Federico Pinedo.

Sr. Martínez (E. F.).- Señor presidente: el tono de los discursos que escucho de parte de los distintos senadores me persuade de que, seguramente, la norma venida en revisión será aprobada por unanimidad.
Simplemente quiero destacar dos circunstancias.
En primer lugar, el Parlamento argentino –porque van a ser ambas cámaras las que lo aprobarán unánimemente, si es así no se opone en absoluto al progreso, al futuro ni a la revolución informática, sino que legisla sobre la realidad.
Tiene en cuenta normas para el futuro, pero sobre la realidad, y da una respuesta política a aquello que el señor senador Pereyra mencionaba, me refiero al ataque a las máquinas a vapor por parte de los mismos trabajadores en tiempo de la Revolución Industrial. Todo eso fue superado y el mundo no vio progreso mayor ni mano de obra más ocupada que durante el siglo XX, superando el de las postrimerías del siglo XIX en orden a la ocupación industrial.
Desde luego, no sé si lo alcanzaré a ver. Por supuesto, no lo alcanzaré a entender porque me asumo, no solo como un inmigrante digital, sino como un ignorante digital.
Habrá distintas formas de documentar, pero, en tal sentido, la firma digital es lo máximo a lo que se ha llegado en orden a la acreditación de circunstancias por vía digital o informática.
Es una forma de comunicar a todo el mundo lo que tiene que pagar o el resumen que fuera; hasta por los teléfonos celulares, que son de amplísima extensión. Quería señalar ese concepto.
Llegará el futuro y, en ese momento, también este Congreso se adecuará con sus normas al futuro.
Pero la opción política de hoy, de la realidad, del aquí y ahora, es que los usurarios sigan recibiendo –si no optaren por lo contrario– en papel o soporte físico sus cuentas.
A su vez, muchas empresas gráficas o pequeñas firmas, fundamentalmente del interior del país –como nos hicieron saber los representantes de la Unión Industrial y también el senador Petcoff Naidenoff– han reclamado para mantener el sistema. Al lado también estaba el representante de la Federación Gráfica Bonaerense, un gremio histórico que sufrió también en el siglo XIX –y lo explicó– cuando los inmigrantes que lo componían prácticamente no leían en castellano, eran anarquistas y tenían un sindicato altamente combativo.
En el siglo XIX, en el siglo XX y ahora en el siglo XXI pasaron por todos los avances, en aquel momento, de la industria, y hoy de la informática. Simplemente pidieron que cuidemos, en este momento de la Argentina, los 2.000 o 2.500 puestos de trabajo de pequeñas empresas.
No estamos cerrados al futuro, es lo que intento agregar como humilde colaboración. No estamos cerrados al progreso ni al futuro.
Simplemente pretendemos legislar de una determinada manera y, si es posible –así lo apelo– en forma unánime, sobre una circunstancia que puede ser contraproducente.

Sr. Presidente (Pinedo).- Después de este largo periplo, tiene la palabra el señor senador Cobos.

Sr. Cobos.- Señor presidente: muy brevemente, como dijo el senador Pais, este proyecto viene de la Cámara de Diputados y hemos tenido participación en aquel entonces.
Simplemente quiero agregar que existe la posibilidad de que el usuario, priorizado por esta ley, pueda prescindir del soporte físico.
Eso, indudablemente, se tendría que traducir en algún beneficio económico que aportará la entidad que normalmente le remite el soporte físico, o sea, un sector bancario o una empresa de energía.
Pero la prioridad es el usuario. Si hay un costo económico, no debe ser volcado al usuario. Así que, con estas simples palabras, nuestro bloque y el interbloque van a apoyar el proyecto venido en revisión.

Sr. Presidente (Pinedo).- Tienen que identificarse varios señores senadores.

Ingresan en el recinto varios señores senadores.

Sr. Presidente (Pinedo).- Se va a votar. - Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Tunessi).- Se registran 53 votos por la afirmativa. Aprobado. –

El resultado de la votación surge del acta correspondiente.

Sr. Presidente (Pinedo).- Queda aprobado. Se convierte en ley. Se comunicará al Poder Ejecutivo.

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